Expropiación indebida de un tesoro romano.

Indemnización por expropiación indebida de un tesoro romano. El expropietario de una finca conquense será indemnizado con 6 millones por la administración por un mosaico del Imperio Romano que el Ayuntamiento que fue expropiado a cambio de 7.500 euros.

Este hecho sucedió en la Villa Romana de Noheda, Cuenca. Una comisión especial de valoración decidió que la Administración deberá pagar seis millones de euros por la expropiación del terreno al antiguo propietario de la finca en la que fue encontrado este yacimiento por un valor de 7.500 euros.

Las primeras pruebas del yacimiento se descubrieron casualmente al arar la tierra, en la década de los ochenta. El mosaico en sí, no salió a la luz hasta hace poco más de una década.

Este descubrimiento azaroso resultó ser uno de los mosaicos figurativos de época romana más grandes y mejor conservados del mundo. El problema surgió cuando la Administración pago unos pocos miles de euros, mientras que los especialistas hablaban de millones.

Los propietarios de la finca intentaron negociar con el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento local donar el propio yacimiento a cambio de la constitución de una fundación con el nombre del propietario y un puesto de carácter vitalicio en el patronato para él y sus herederos.

Estas negociaciones se rompieron en 2013, y el yacimiento fue declarado como bien de interés social, iniciándose el proceso de expropiación forzosa. Por su parte, el Ayuntamiento incluye en la relación de bienes enajenados la parcela, pero no aparece el yacimiento arqueológico, ni el mosaico.

El valor de la finca, era únicamente de 7.500 euros, por lo que el expropiado recurrió la decisión ya que no parece a todas luces justa esta actuación. En esta nueva resolución, se informa de que la compensación al antiguo propietario de la finca debe ser de seis millones de euros.

Bien es cierto que el valor conjunto de todo el yacimiento puede alcanzar los 50 millones de euros, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que la compensación «debe acercarse al valor razonable de mercado”.