Pena de prisión para Francisco Granados. Las sentencias sobre tramas de corrupción y asuntos políticos, por desgracia, copan toda la actualidad de los medios de comunicación y de las tertulias callejeras.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión al exconsejero madrileño Francisco Granados debido al riesgo de fuga, además de la destrucción u ocultación de pruebas, así como de reiteración delictiva por su presunta implicación en la denominada «Operación Púnica» contra la corrupción.

La sentencia, viene a rechazar el recurso del condenado contra la resolución del pasado mes de junio del juez instructor de la causa, Eloy Velasco, en la que rechazó dejarle en libertad, decisión que califican de “adecuada, cabal y ponderada”.
Igualmente se detallan los “graves” indicios en contra del investigado, que ya se encontraba preso desde el 31 de octubre de 2014, por su presunta participación en delitos de integración en organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsificación documental, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación.
Siguiendo la línea de las intervenciones telefónicas, el propio material de la denuncia, al igual que los registros y los seguimientos practicados, se han definido serios indicios de que Granados, durante muchos años, se ha valido de los diversos cargos públicos que ha ocupado en el ámbito local y regional para crear “una cadena de deleznables favores y conductas impropias de un buen gestor público en la trama delictiva desbaratada, presuntamente dedicada a mover voluntades con fines de obtención de cuantiosos beneficios ilegales en la contratación pública amañada y en la espuria recalificación de terrenos”, fondos que en la mayoría de casos, se trasladaba a paraísos fiscales buscando su opacidad.
Estos hechos, fueron el origen de una gran cantidad de dinero, por lo que “no es descartable que posea un patrimonio oculto, tanto en nuestro país como fuera de él, lo que pudiera alentarle alguna tentación de sustraerse a la acción de los tribunales”.
Analizando la inducción para la desaparición de documentación, y de declaraciones que en otro caso serían desfavorables a sus intereses, lo que supone una «enorme capacidad para acceder, por sí o a través de terceros, a las fuentes de prueba o para influir en otros imputados o testigos»
“Su mencionada capacidad para mover voluntades en el entramado criminal que tejió y que sigue investigándose, nos lleva a deducir racionalmente que, en caso de de que accediéramos a las pretensiones de libertad formuladas podría seguir dedicándose a actividades que bordean la legalidad, concluye la sentencia.

Pena de prisión para Francisco Granados

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