Entradas

Según informa el diario “Expansión”, hubo un seguimiento masivo en la huelga de jueces y fiscales del pasado 19 de noviembre, donde las principales reclamaciones pasan por que se refuerce la independencia judicial con un órgano de gobierno situado fuera de la lógica de los partidos, la racionalización de la planta judicial, con un nuevo diseño que responda a las necesidades de una sociedad del siglo XXI, la modernización de la Administración de Justicia con un plan de inversión suficiente y prolongado para asegurar la calidad, la eficacia y la digitalización, y la mejora de las condiciones de los profesionales jurídicos, con convocatoria de la mesa de retribuciones e implantación urgente de cargas máximas de trabajo.

Asimismo, las asociaciones piden Pacto de Estado de la Justicia que la sustraiga de los vaivenes políticos y contribuya a recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Y en el Ministerio Fiscal se solicita entre otros asuntos la derogación del sistema de plazos máximos, y el refuerzo de la independencia y la autonomía presupuestaria.

El 61% de los miembros de la carrera judicial y el 39% de los fiscales secundaron la jornada de paro laboral para solicitar una Justicia con más medios materiales y personales y con una mayor independencia. Por segunda vez en menos de un año, jueces y fiscales volvieron a colgar las togas para solicitar de manera urgente más medios materiales y humanos para la Administración de Justicia, así como mejoras salariales.

Según los datos facilitados por las asociaciones convocantes, un 61% de los miembros de la carrera judicial (3.234 jueces) y un 39% de los fiscales (973) participaron ayer en la huelga, sumando así cifras similares al paro del pasado mes de mayo.

Para hacer más visible el apoyo a esta nueva movilización, los profesionales se concentraron ante las puertas de las sedes judiciales más importantes de cada ciudad para leer un manifiesto. En Madrid, la juez decana María José del Barco, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue la encargada de dar voz a estas reclamaciones ante los juzgados de Plaza de Castilla.

Se cumple un año desde la huelga del 112

El derecho de huelga se encuentra reflejado en nuestra Constitución, y sin duda es uno de los derechos que más repercusión tiene en la sociedad actual. En esta ocasión hablamos de la huelga del 112 realizada el año pasado. Una huelga de un servicio tan importante como es el número de emergencias.

En esta ocasión, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la orden por la que se establecieron los servicios mínimos de la huelga de junio del año pasado en Madrid por el 112, por entender que cuando la administración estableció los servicios mínimos debió motivar suficientemente los criterios cuya importancia condujo a determinarlos.

La huelga, según sus convocantes servía para denunciar el deterioro en la prestación del servicio y la situación de discriminación que sufren sus empleados en relación al resto de trabajadores de la Comunidad: “los servicios mínimos tienden a garantizar los servicios esenciales durante la huelga de acuerdo con los criterios de proporcionalidad…, permitiendo la cobertura del servicio”.

Esta sentencia, estima el recurso interpuesto por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Madrid, recordando que el contenido de la motivación “no es otro que la mención de los elementos valorados por la autoridad para tomar la decisión de restringir el derecho de huelga en la forma y el alcance que lo ha hecho.”

A mayor limitación de la huelga mediante el establecimiento de unos servicios mínimos especialmente rigurosos, el deber de motivar alcanza una mayor trascendencia en cuanto ha de extenderse a la justificación de estas medidas excepcionales”. Y continúan: “La motivación es, en consecuencia, requisito imprescindible (…) en otro caso, la insuficiente motivación debe entenderse como vulneración de un derecho fundamental”.