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Según informa el diario “Expansión”, hubo un seguimiento masivo en la huelga de jueces y fiscales del pasado 19 de noviembre, donde las principales reclamaciones pasan por que se refuerce la independencia judicial con un órgano de gobierno situado fuera de la lógica de los partidos, la racionalización de la planta judicial, con un nuevo diseño que responda a las necesidades de una sociedad del siglo XXI, la modernización de la Administración de Justicia con un plan de inversión suficiente y prolongado para asegurar la calidad, la eficacia y la digitalización, y la mejora de las condiciones de los profesionales jurídicos, con convocatoria de la mesa de retribuciones e implantación urgente de cargas máximas de trabajo.

Asimismo, las asociaciones piden Pacto de Estado de la Justicia que la sustraiga de los vaivenes políticos y contribuya a recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Y en el Ministerio Fiscal se solicita entre otros asuntos la derogación del sistema de plazos máximos, y el refuerzo de la independencia y la autonomía presupuestaria.

El 61% de los miembros de la carrera judicial y el 39% de los fiscales secundaron la jornada de paro laboral para solicitar una Justicia con más medios materiales y personales y con una mayor independencia. Por segunda vez en menos de un año, jueces y fiscales volvieron a colgar las togas para solicitar de manera urgente más medios materiales y humanos para la Administración de Justicia, así como mejoras salariales.

Según los datos facilitados por las asociaciones convocantes, un 61% de los miembros de la carrera judicial (3.234 jueces) y un 39% de los fiscales (973) participaron ayer en la huelga, sumando así cifras similares al paro del pasado mes de mayo.

Para hacer más visible el apoyo a esta nueva movilización, los profesionales se concentraron ante las puertas de las sedes judiciales más importantes de cada ciudad para leer un manifiesto. En Madrid, la juez decana María José del Barco, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue la encargada de dar voz a estas reclamaciones ante los juzgados de Plaza de Castilla.

El pasado 10 de octubre, el mismo día que Carles Puigdemont hizo comparció en el Parlament para dar cuenta de los resultados del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, el ‘Diario Oficial de la Generalitat publicó la creación de una Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña.

El objetivo, según dicha fuente, era investigar, documentar, determinar y difundir las violaciones de derechos fundamentales de las personas que se hayan producido en Cataluña durante el mencionado referéndum ilegal del día 1 de Octubre.

La Generalitat decidía así investigar de forma particular las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del Poder Judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el objetivo de aclarar los hechos y evitar la impunidad de los órganos y las personas que sean responsables de los mismos. El objetivo de la comisión es elaborar un informe que permita elevar una demanda de la Generalitat contra el Gobierno español en el Tribunal de Estrasburgo.

Jueces y fiscales en contra

Pues bien, según informa “El Confidencial”, todas las Asociaciones de JUECES Y FISCALES están en contra de la decisión de la Generalitat de Cataluña de crear esta Comisión, que se considera por parte de estas Asociaciones un grave ataque a la separación de poderes, que dejan claro que nadie debe quebrar la necesaria separación de poderes públicos.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, D. Carlos Lesmes, ha pedido a la Abogacía del Estado que recurra el acuerdo de la Generalitat para restablecer el ordenamiento constitucional y legal que mediante el citado acuerdo se ha visto conculcado.

Demanda al Consejo General del Poder Judicial por excesivo trabajo de los jueces. La asociación, Jueces para la Democracia ha demandado, por segunda vez, al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia y exigiendo una reducción de la carga de trabajo en judicatura por motivos de salud.

Esta asociación presentó, por segunda vez, una demanda ante la Audiencia Nacional solicitando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establecer «unas cargas de trabajo judiciales máximas a efectos de salud» y también aplicar «el acuerdo consensuado por todas las asociaciones, donde se fija un criterio claro de cargas máximas».

Esta agrupación denunció una «parálisis» por parte del organismo «deudor de seguridad» de los jueces, criticando que el CGPJ ha incumplido flagrante y repetidamente, el primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la carrera judicial aprobado el pasado mes de febrero de 2015.

Según un comunicado de la Comisión Permanente del CGPJ, se acordó en este plan «abordar la determinación de la carga de trabajo a los efectos de la salud y seguridad de los integrantes de la carrera judicial, determinando el mecanismo participativo de los jueces y magistrados que considere más conveniente».

Este plan firmado, sigue sin resultar efectivo, ya que según este colectivo, los jueces siguen sin tener fijada «una carga judicial máxima». «Según los resultados obtenidos de la encuesta de ámbito nacional de todos los jueces o magistrados en servicio activo de 2015 promovida por el CGPJ, un 70% de los encuestados considera que su carga de trabajo habitual es excesiva».

«Ante el horizonte descrito y la parálisis de nuestro deudor de seguridad en el cumplimiento de sus obligaciones fijadas desde JpD hemos decidido recurrir a la acción judicial. Por segunda vez, se ha presentado ante la Audiencia Nacional, demanda de Conflicto Colectivo, con un ‘petitum’, consistente en la condena del CGPJ y el Ministerio de Justicia, a cumplir con su obligación de iniciar los trabajos correspondientes para la medición y fijación de unas cargas de trabajo judiciales máximas», explicó Jueces para la Democracia.

Demanda al Consejo General del Poder Judicial por excesivo trabajo de los jueces

Demanda al Consejo General del Poder Judicial por excesivo trabajo de los jueces

Demanda al Consejo General del Poder Judicial por excesivo trabajo de los jueces. La asociación, Jueces para la Democracia ha demandado, por segunda vez, al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia y exigiendo una reducción de la carga de trabajo en judicatura por motivos de salud.

Esta asociación presentó, por segunda vez, una demanda ante la Audiencia Nacional solicitando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establecer «unas cargas de trabajo judiciales máximas a efectos de salud» y también aplicar «el acuerdo consensuado por todas las asociaciones, donde se fija un criterio claro de cargas máximas».

Esta agrupación denunció una «parálisis» por parte del organismo «deudor de seguridad» de los jueces, criticando que el CGPJ ha incumplido flagrante y repetidamente, el primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la carrera judicial aprobado el pasado mes de febrero de 2015.

Según un comunicado de la Comisión Permanente del CGPJ, se acordó en este plan «abordar la determinación de la carga de trabajo a los efectos de la salud y seguridad de los integrantes de la carrera judicial, determinando el mecanismo participativo de los jueces y magistrados que considere más conveniente».

Este plan firmado, sigue sin resultar efectivo, ya que según este colectivo, los jueces siguen sin tener fijada «una carga judicial máxima». «Según los resultados obtenidos de la encuesta de ámbito nacional de todos los jueces o magistrados en servicio activo de 2015 promovida por el CGPJ, un 70% de los encuestados considera que su carga de trabajo habitual es excesiva».

«Ante el horizonte descrito y la parálisis de nuestro deudor de seguridad en el cumplimiento de sus obligaciones fijadas desde JpD hemos decidido recurrir a la acción judicial. Por segunda vez, se ha presentado ante la Audiencia Nacional, demanda de Conflicto Colectivo, con un ‘petitum’, consistente en la condena del CGPJ y el Ministerio de Justicia, a cumplir con su obligación de iniciar los trabajos correspondientes para la medición y fijación de unas cargas de trabajo judiciales máximas», explicó Jueces para la Democracia.

Demanda al Consejo General del Poder Judicial por excesivo trabajo de los jueces

Demanda al Consejo General del Poder Judicial por excesivo trabajo de los jueces