LexNet es una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan intercambiar documentos judiciales (notificaciones, escritos y demandas).
Desde su implantación, LexNet se ha convertido en un instrumento de trabajo seguro tan habitual en el ámbito de las comunicaciones judiciales, como el teléfono, el fax o el correo electrónico.
El sistema, que empezó a funcionar en el año 2004, según nos informa el Ministerio de Justicia, cuenta con más de 52.000 usuarios, es utilizado en más de 3.500 órganos judiciales y ha permitido intercambiar más de 160.000.000 de comunicaciones.
Lexnet, extiende los servicios que ofrece la Administración de Justicia a través de Internet, haciendo que estos sean accesibles desde cualquier parte y en cualquier momento. En la actualidad el sistema permite el intercambio seguro de información, el uso de firma electrónica reconocida, acceso vía web, 24 horas al día, 7 días por semana, también se ahorra papel y se gana inmediatez en las comunicaciones.
Pero, como leemos en distintos medios de comunicación, la polémica en este momento es quién posee la plataforma, quién la gestiona y quién la debe controlar. En un país democrático, en un estado de derecho, la Justicia debe ser independiente del Gobierno, por lo que desde muchas instancias se está pidiendo que sea el Consejo Superior del Poder Judicial, el órgano competente y no las consejerías, ni el Ministerio, para evitar controles, filtración de información o manejo de información de Big Data, al poseer los equipos y las competencias de suministro de los servicios informáticos.
La polémica está precisamente relacionada con un posible mal uso de toda esa información, que en manos de un ejecutivo desaprensivo, puede convertirse en un arma contra la democracia y los ciudadanos, llegando a ser un terrorífico Gran Hermano, de corte totalitario, como desgraciadamente vemos que puede ocurrir, y está ocurriendo en algún país de América Latina.
Una de las razones que se argumentan para que sean gestionadas por el Poder Judicial directamente estos sistemas de gestión procesal y de comunicación entre las partes en los procesos, es evitar un mal uso de toda esa información ya que el poder ejecutivo también es parte en infinidad de procedimientos.
De hecho, este mes de agosto de 2017, se ha denunciado por parte del el área de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ante la Dirección General de Justicia, la filtración de 11.000 documentos relacionados en parte con el código fuente de LexNet, y la intranet del Ministerio de Justicia, incluidos certificados digitales.
Esta noticia que según el Diario16.com (http://diario16.com/la-filtracion-11-000-documentos-lexnet-pone-jaque-al-ministro-justicia/ ) ha sido confirmada por el propio Ministerio. Esta filtración podría vulnerar la Protección de Datos, ya que evidencia graves fallos de seguridad. Según reveló Teknautas (https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-08-03/desastre-lexnet-justicia-ciberseguridad-orfilia-rafael-catala_1424504/ ), hay puertas abiertas a los hackers en LexNet y el agujero de LexNet podría suponer una violación de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, así como de otras disposiciones que afectan al ejercicio de la abogacía como es el secreto profesional, y como sabemos la Ley Orgánica de protección de datos es de obligado cumplimiento también para el Estado y todos sus organismos, y su infracción lleva aparejada sanciones económicas.
