Según informa «El Mundo», se acerca la aprobación del nuevo proyecto del Gobierno para reformar el actual sistema hipotecario, donde se incrementaría el número de meses sin pagar necesarios para que el banco pueda activar el proceso de desahucio, se ponen límites a los intereses por demora y a las comisiones por amortización total o parcial anticipada.
El crédito hipotecario concedido en España lleva al alza de forma casi ininterrumpida desde 2014. En julio y agosto de 2017, el número de hipotecas constituidas creció en el entorno del 30%, según el Instituto Nacional de Estadástica (INE).
El nuevo proyecto del Gobierno para reformar el actual sistema hipotecario es un proyecto de ley que incorpora a la legislación española, una Directiva europea aprobada en 2014. Dicha Directiva debió introducirse en España en marzo de 2016.
El Consejo de Ministros ha aprobado el texto preparado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y a los largo de lo que queda de año, estará en tramitación parlamentaria y se prevé que se aprobará en los primeros meses de 2018.
El Gobierno podría dificultar los accesos a créditos.
Las cuestiones que se barajan son si los índices alternativos al Euribor a los que están referenciadas algunas hipotecas de tipo variable, serían admitidos o quién paga los gastos de constitución de las hipotecas, o que si cambian las características de los contratos, también cambiarán las condiciones de financiación.
Algunos de los cambios incluidos en el proyecto de reforma presentado por el Gobierno podrían inducir a los bancos a dificultar de nuevo el acceso al crédito.
Otro aspecto importante para los bancos, será la prohibición, de la venta cruzada de otros productos financieros junto a la hipoteca, una estrategia muy extendida, por la que las entidades vinculan los intereses que pagará el cliente por su hipoteca a la contratación de seguros de vida o desempleo y planes de pensiones, o a gastar una determinada cantidad de dinero con sus tarjetas de crédito.
Otras novedades del proyecto también podrían limitar sensiblemente los ingresos que las hipotecas, como son las comisiones por amortización anticipada (tanto parcial como total) no podrán superar el 0,5% durante los tres primeros años de la hipoteca y el 0,25% durante los dos siguientes, desapareciendo totalmente a partir del quinto.
La penalización por demora estará limitada.
Algo similar sucederá con los polémicos intereses de demora que las entidades cobraban a los clientes que se retrasaban en el pago de sus cuotas. A partir de ahora esta penalización estará limitada a tres veces el interés legal del dinero (teniendo en cuenta que dicho interés se encuentra a día de hoy en el 3%, el castigo al cliente no podría superar el 9%).
La reforma hipotecaria también introduce un cambio sustancial, porque ahora serán necesarias nueve cuotas sin pagar (o el 2% del capital) durante la primera mitad de la hipoteca y hasta 12 impagos (o el 4% del capital) durante la segunda.
En los últimos años, las hipotecas a tipo fijo comercializadas prácticamente han igualado a las de interés variable, muy mayoritarias en el anterior ciclo inmobiliario.
Con las hipotecas multidivisa, que algunas entidades vendieron entre sus clientes durante los años del boom (fundamentalmente, en yenes japoneses y en francos suizos). A partir de la entrada en vigor de la reforma, los usuarios de estas polémicas hipotecas podrán solicitar su nominación en euros y, además, podrán hacerlo durante toda la vida del crédito.
La reforma aboga por aumentar la información en manos del consumidor y sugiere la posibilidad de crear un contrato hipotecario tipo, algo que actualmente no existe. Además, prohíbe a los bancos ofrecer incentivos a sus empleados en función del volumen de préstamos que comercialicen, lo que provocó durante el anterior ciclo la concesión de este tipo de productos, sin las debidas precauciones.
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