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Un evento jurídico relevante

Según informa el portal de noticias especializadas “Noticias Jurídicas” se ha celebrado la quinta edición del Legal Management Forum, organizado por Wolters Kluwer e Inkietos, que pretende ser el evento jurídico más relevante en España.

Los efectos y oportunidades que presenta la transformación digital, afecta al sector legal, ofreciendo un contexto sumamente dinámico, y se trató a través de la experiencia de las firmas más exitosas, en relación a las últimas tecnologías y los riesgos que implican.

La ceremonia de bienvenida oficial estuvo a cargo de Rosalina Díaz, que preside Wolters Kluwer España, Emilio Martínez, Presidente de Inkietos y Miguel Ángel Luna Mansilla, Director de Banca Minorista de Santander España, quienes hicieron hincapié en la importancia social de la abogacía. El evento contó con la presencia de don Manuel Jesús Dolz Lago, Secretario de Estado de Justicia.

En la intervención del Secretario de Estado de Justicia, habló de los objetivos del nuevo Gobierno sobre Justicia, indicando que el futuro marco del Estado será el de un Estado digital de Derecho. Habló de restaurar la Justicia como servicio público, de la ciberseguridad y la protección de datos, que deben garantizar la seguridad jurídica en un entorno cambiante.

En este sentido, anticipó el Real Decreto-Ley 5/2018, destinado a adaptar de manera urgente el ordenamiento interno a la normativa europea de protección de datos, el proyecto de Ley Orgánica de protección de datos que va a incorporar una primera aproximación a los derechos digitales de la ciudadanía y que intentará ser un referente.

Se preguntó cómo debe ser el abogado del futuro para aportar valor a la sociedad, señalando que los abogados son más importantes que nunca, porque son los últimos defensores de la democracia.

También intervino Carles Grau, CEO de Mobile World Capital, la entidad organizadora del Mobile World Congress que se celebra anualmente en Barcelona, que explicó el actual momento tecnológico con cambios de alcance global en un entorno más complejo y que esos cambios son cada vez más rápidos. En este punto, las tendencias tecnológicas más relevantes son el 5G, las redes sociales, la computación en la Nube, junto con el Big Data y la Inteligencia Artificial.

También se habló de Startups que revolucionan el sector legal, con experiencias como software de automatización de contratos, la celebración virtual de reuniones y sobre cómo garantizar la seguridad jurídica de todas las transacciones digitales.

La importancia de la seguridad de los sistemas, tanto para evitar accesos indebidos a sus contenidos como manipulaciones o alteraciones maliciosas de los mismos, obliga a seleccionar bien a los socios tecnológicos y a realizar exhaustivas pruebas de resistencia a sus aplicaciones, que protegen con claves robustas, encriptación, protección por capas,…

Asimismo, se dijo que la digitalización no es un enemigo del sector legal, sino que supone un gran aliado que aporta ventaja competitiva al despacho que lo adopta.

La clave en el sector de la abogacía es orientarse a producir servicios valiosos para los clientes.

Finalmente se trató de la importancia de los equipos multidisciplinares en los despachos pues estos ya no pueden serlo solo de abogados, para que el trabajo sea eficiente, el sector de los servicios profesionales legales debe contar con otro tipo de profesionales de gestión y marketing o de tecnología y ciberseguridad.

Despido por publicar fotos en redes sociales

Según informa El Economista, se considera procedente el despido de un trabajador que publica en una red social, como Facebook, imágenes de mal gusto, que atentan contra la dignidad de las personas, identificándose en la propia red como empleado de la empresa, según establece el Juzgado de lo Social número 2 de Palma de Mallorca, en sentencia de 28 de febrero de 2018.

El ponente, el juez titular del Juzgado, Tejada Bagur, estima que, aunque la irregularidad imputada al trabajador no se produce en el ámbito de su propia función profesional, y que respecto a los contenidos de Facebook referidos no se mantuvieron muchos días publicados, considera que «es significativo que la propia entidad Facebook eliminara el referido contenido al considerarlo inapropiado».

El juez, en la sentencia, razona que el contrato de trabajo sujeta a las partes contratantes al mutuo deber de acomodar su comportamiento, a lo largo de todo el desarrollo de la relación laboral, a las exigencias que comporta el básico principio de la buena fe.

Estas exigencias suponen la obligación de orientar la conducta respectiva de cada contratante con arreglo a pautas de lealtad, honradez, probidad y de respecto a la confianza que legítimamente el uno deposita en el otro.

Por ello, señala Tejada Bagur que la presencia de la buena fe como elemento normativo definitorio y delimitador del normal contenido obligacional que deriva del contrato de trabajo aparece destacada en el artículo 5 a) y, sobre todo, en el artículo 20.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET), precepto este último que en su último inciso declara que, en cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe, por lo que su vulneración por parte del trabajador, cuando reviste las notas de grave y culpable constituye la justa causa de despido disciplinario que tipifica el artículo 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores.

El artículo 20 de la Constitución Española proclama la libertad de pensamiento, ideas y opiniones, aunque no la de calificativos degradantes, ni puede disculparse tampoco la utilización de expresiones ofensivas o una incorrección del lenguaje, que estará tolerada en las conversaciones amistosas, pero no en otros ámbitos, tal y como dictamina el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de mayo de 1988, de modo que «resultan sancionables las conductas que impliquen un exceso en el ejercicio de aquel derecho y lo sean en proporción a la entidad del mismo», para lo que el juez cita una sentencia del Alto Tribunal de 6 de marzo de 1986.

El cuadro de indicadores de justicia: España se coloca en la media de los estados miembros

Según informa el portal de noticias “Noticias Jurídicas” la Comisión Europea ha publicado el cuadro de indicadores de Justicia en la UE correspondiente a 2018, que ofrece un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE. Y la justicia española se coloca en la media de los estados miembros.

Su objetivo es ayudar a las autoridades nacionales a mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales.

El cuadro de indicadores de 2018 refuerza, en particular, la sección sobre la independencia judicial, pertinente para evaluar el Estado de Derecho. Se examinan con mayor detalle los consejos del poder judicial, la intervención del poder ejecutivo y el parlamento en los nombramientos y destituciones de jueces y presidentes de los tribunales, y la organización de los servicios de la fiscalía. Presenta también, por primera vez, datos sobre la duración de los procesos judiciales en todas las instancias.

La Abogacía Española, a través de CCBE, ha contribuido con datos en varios apartados del Cuadro de Indicadores de Justicia en la UE:

– Asistencia jurídica y tasas judiciales.

– Asistencia letrada y tasas judiciales.

– Intercambios entre tribunales y abogados.

– Razones para el (no) uso de las TIC entre los tribunales y los abogados.

También se menciona a las Abogacías institucionales europeas en las preguntas y respuestas, como parte de la metodología utilizada en el cuadro de indicadores de justicia de la UE.

El cuadro de indicadores de Justicia es parte del instrumental utilizado por la Comisión para hacer un seguimiento de las reformas en el ámbito de la justicia de los Estados miembros.

En el caso de España, esta edición 2018 mejora la nota en el conjunto de indicadores sobre eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de la Unión Europea y coloca a España en la media de los Estados miembros: destaca por la accesibilidad de su sistema de Justicia y por la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita, gestionado por los Colegios de Abogados, y que garantiza el acceso a la Justicia para todos aquellos ciudadanos que se sitúan un 40% por encima del umbral de la pobreza marcado por Eurostat, un nivel sólo alcanzado en la UE por Dinamarca.

Los resultados del cuadro de indicadores de 2018 se tuvieron en cuenta en la evaluación específica por país llevada a cabo en el Semestre Europeo de 2018 y en las propuestas de recomendaciones específicas para cada país formuladas por la Comisión Europea el 23 de mayo de 2018.

El cuadro de indicadores se centra en contenciosos civiles y mercantiles, así como en asuntos administrativos, con el fin de ayudar a los Estados miembros en su esfuerzo por sentar las bases para un entorno más favorable a la inversión, las empresas y los ciudadanos. El cuadro de indicadores se centra en los tres elementos principales de un sistema judicial eficaz:

– Eficiencia: indicadores sobre duración de los procesos, tasa de resolución y número de asuntos pendientes.

– Calidad: indicadores sobre asistencia jurídica gratuita, tasas judiciales, formación, supervisión de las actividades de los órganos jurisdiccionales, presupuestos y recursos humanos.

– Independencia: indicadores sobre la percepción de la independencia judicial entre las empresas y la población en general, así como sobre las salvaguardias relativas a los jueces.

Europa pide más recursos a la justicia Española

Europa pide más recursos a la justicia Española

Según informa «El Economista», el jefe de la División de Independencia y Eficiencia de la Justicia de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa, Stéphane Leyenberger, ha exigido más recursos para la Justicia española. Leer más

La transformación digital de la Justicia

La transformación digital de la Justicia

La transformación digital de la Justicia y las reformas legislativas en marcha, entre los asuntos que se han debatido, entre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, así como con en el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Javier San Martín, en una reunión de trabajo, para tratar el nuevo curso 2017/2018.

En dicha reunión se han abordado los proyectos e iniciativas que están llevando a cabo su departamento para seguir avanzando en la reforma y la transformación digital Justicia.

El Ministro de Justicia trata los temas para el curso 2017/2018

Durante el encuentro, el ministro defendió el objetivo inaplazable de la transformación digital de la Administración de Justicia como uno de los proyectos estratégicos del Ministerio. Catalá destacó además la normalidad en el funcionamiento del sistema LexNet tras la oleada de ciberataques que el 1 de septiembre sufrió la red de Telefónica que le presta servicio.

Normalidad en el funcionamiento del sistema LexNet

El ministro de Justicia manifestó su intención de seguir mejorando la funcionalidad, seguridad y prestaciones del sistema que se utiliza para la realización de comunicaciones electrónicas con los juzgados. El ministro expresó asimismo su voluntad de reforzar el diálogo institucional con los colectivos de profesionales en relación a esta materia a través de reuniones mensuales del funcionamiento de las comunicaciones electrónicas que presidirá el secretario general de la Administración de Justicia.

El ministro también abordado con la presidenta del CGAE el proyecto de adaptación del vigente Estatuto General de la Abogacía Española a las sucesivas novedades normativas y jurisprudenciales que se han producido desde su aprobación en 2001. También se ha puesto sobre la mesa el proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, en cuyo texto se está trabajando con la Abogacía.

En este sentido, Catalá informó que se está elaborando el borrador del anteproyecto de la ley que introducirá el catálogo de derechos y deberes del ciudadano y de los abogados.

La transformación digital de la Justicia

Lexnet, denunciado ante la Comisión Europea

Lexnet, denunciado ante la Comisión Europea. El sistema de gestión de la abogacía española, que entró en vigor en enero de 2016, siempre ha estado unido a numerosas críticas y problemáticas. Ahora, un par de abogados han pasado a la acción interponiendo sendas denuncias ante la Comisión Europea por lo que consideran un sistema «no solo ineficaz», sino también «de dudosa legalidad»

Joaquín Moeckel, un abogado sevillano, denunció ante la Comisión Europea el uso del sistema de comunicaciones telemáticas Lexnet por la Administración de Justicia. En la misma línea, el letrado Javier de la Cueva ya interpuso el día 13 de mayo, la denuncia originaria. En ella, el abogado considera que el sistema Lexnet es contrario al principio de división de poderes del Estado, vulnera el principio de independencia judicial, y también la privacidad de los ciudadanos, con base en el artículo art. 47 y el art. 8, apartados 1 y 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la LO 15/1999, de Protección de datos de carácter personal.

Javier de la Cueva señalo, que la cuestión debe ser quién es el responsable del tratamiento de los datos incorporados al sistema. Según su razonamiento, el control del Poder Ejecutivo tiene sobre los flujos de entrada y salida de datos del Poder Judicial es total. El Ministerio debe proporcionar los medios y equipamiento para el funcionamiento del sistema, pero no debería poder hacer un tratamiento de los datos, que incluso le permitiría trazar perfiles, que, a su juicio, correspondería al poder judicial.

Moeckel, por su parte, asegura que debería ser responsabilidad del CGPJ, sobre todo a la hora de poder respetar la división constitucional de poderes.

El otro punto de estas denuncias, es la posible vulneración del derecho a la privacidad, sobre todo al tiempo de almacenamiento de estos datos, citando al respecto recientes sentencias del TJUE como la STJUE de 8 de abril de 2014, en el caso Digital Rights Ireland, donde se declaró nula la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006.

Por su parte, el CGAE se desconoce la presentación de estas denuncias y los términos en los que se han sustanciado, y afirman la colaboración de la Abogacía con la implementación del sistema Lexnet, que si bien tuvo ciertas incidencias en los primeros meses de andadura, consideran resueltas en la actualidad.

En el blog de la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, contiene un post en relación a Lexnet en el que se puede leer «Estoy convencida, creo que lo estamos todos, de que el objetivo de Lexnet es positivo».

Lexnet, denunciado ante la Comisión Europea

Lexnet, denunciado ante la Comisión Europea

Lexnet, la justicia digital

Lexnet, la justicia digital

Con la llegada del nuevo año se ha introducido una de las reformas más influyentes en la historia de la justicia. LEXNET (tal como es conocido el programa) es el programa por el cual se van a tener que gestionar todas las comunicaciones que se van a tener que realizar con la administración de justicia, desterrando el papel casi de manera total.

Esta medida ha causado un gran revuelo y se ha convertido en una corriente de opinión que aparece en una gran cantidad de medios y se ha convertido en “trending topic” en muchas redes sociales. Ya que la medida tiene por objetivo, nada más y nada menos que la eliminación del papel en cualquier comunicación con la Administración de Justicia sustituyéndolas por comunicaciones electrónicas.

Dentro del Ministerio de Justicia, se ha promovido la etiqueta #retolexnet así como la cuenta de Twitter @lexnetjusticia, mediante las cuales se destacan la «normalidad y buen funcionamiento del sistema» informando que en los cuatro primeros días del año se han realizado unas 79.530 notificaciones, de las cuales sólo se han notificado 77 incidencias.

Este funcionamiento casi perfecto (según el Ministerio), choca con la corriente de opinión por parte de los profesionales del derecho que inundan las redes y los periódicos, informando de numerosas anormalidades en el servicios y dificultades en el uso del programa.

El juez decano de Madrid por su parte expreso,” al día de la fecha los medios electrónicos, aplicaciones y sistemas tecnológicos con los que cuentan las Servicios Comunes de las Oficinas de Registro y Reparto del Decanato de los Juzgados de Madrid y los órganos judiciales de Madrid, no permiten dar cumplimiento a la previsión normativa sobre presentación por medios telemáticos.”

Esta dicotomía de opinión entre el Ministerio y los profesionales del derecho puede verse hasta de manera normal teniendo en cuenta la entidad del cambio. Si bien es cierto que en los inicios los cambios van a ser muy duros, también se ha de ver que es una novedad muy importante, que va a aligerar los plazos, hacer más sencilla la justicia y ayudar a la descongestión de los tribunales.

Lexnet, la justicia digital

Lexnet, la justicia digital