Acciones legales por software ilegal

En España resulta habitual que muchas empresas, sobre todo las pequeñas, cuenten en sus dispositivos, con software de gestión, y por desgracia, resulta aún más habitual que este software no cuente con las licencias oportunas.

Con respecto a esta cuestión, hay que destacar que el número de acciones legales por uso de software ilegal creció un 17% en España en 2015. Estas acciones, contempladas en la vía penal,  cuentan con multas millonarias y penas de hasta 4 años de cárcel para los administradores.

Hay que destacar igualmente, que en 2015 en España hubo un récord de denuncias y acciones legales por tenencia y uso de software sin licencia. En total, se recibieron el año pasado más de 370 denuncias que dieron lugar a 191 acciones legales contra empresas por presunta tenencia y uso de software ilegal, lo que representa un aumento del 17% con respecto a 2014.

Es curioso reseñar, que muchas de estas denuncias provienen de trabajadores descontentos (14%) y, casi la mitad de ellos, de exempleados (47%).

En estos casos, igual  que en el derecho laboral, habitualmente las partes llegan a un acuerdo, por lo que el litigio no llega a su fin y no existen muchas sentencias. A pesar de ello, este número de denuncias está creciendo por lo que existe alguna sentencia, como por ejemplo la condena de 278.000 euros que ratificó en marzo de este año la audiencia provincial de Lleida para la empresa de ingeniería Satel. O la indemnización de 1,3 millones de euros que el juzgado de lo mercantil número 2 de Bilbao impuso en junio a una compañía industrial vasca. O una reciente sentencia del Tribunal Supremo, a raíz de un caso que arrancó en Asturias hace cinco años, que condena a Bittia Comunicación a pagar 67.000 euros, más los intereses devengados desde 2011.

La BSA, la encargada de recibir estas denuncias, ha habilitado un espacio en su página web donde cualquier persona puede denunciar a una compañía por usar programas piratas. Esta práctica, es habitual en las oficinas españolas, por lo que lo podemos ver una reciente encuesta elaborada por esta asociación, ya que el 26% de los consultados afirmaba instalar de forma habitual software no autorizado en los equipos de sus empresas.

Una vez que una denuncia es aceptada, se inicia un procedimiento que incluye inspecciones sorpresa a la empresa, en la que pueden llegarse a dar circunstancias muy curiosas que demuestran el caos que tienen muchas empresas en sus equipos informáticos.

La ley, en España considera el software como propiedad intelectual, lo que faculta al fabricante de los programas a reclamar daños y perjuicios. Por la vía civil, la cuantía de las indemnizaciones se establece calculando el precio de mercado de los programas por los que el infractor nunca pagó, o bien el beneficio que éste obtuvo gracias al uso de software ilegal.

En los casos impulsados por BSA, las indemnizaciones nunca son cobradas por los fabricantes, sino por la propia BSA, que las destina a campañas de concienciación y sensibilización, así como a cubrir los costes de los litigios.

Ahora bien, desde la reforma del Código Penal, que entró en vigor en julio de 2015, la responsabilidad legal por el uso de software ilegal es también extensible a los administradores de las compañías infractoras. Así, un empresario o un directivo podría enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión, multas, penalizaciones fiscales o la prohibición de cerrar nuevos contratos con la Administración pública.

Acciones legales por software ilegal