Multa de 46,4 millones de euros a Prosegur y Loomis

Multa de 46,4 millones de euros a Prosegur y Loomis. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo encargado de velar por el buen funcionamiento de los mercados y de que se aplique el principio de libre competencia en los diferentes espacios de comercio.

Por ello, dentro de sus funciones sancionadoras, la CNMC ha impuesto una multa de 46,4 millones de euros a las empresas de seguridad Prosegur y Loomis por prácticas realizadas entre 2008 y 2015 contrarias a la competencia en el negocio de la logística de valores, también conocido como de ‘cash’.

En este caso, se considera acreditado que estas dos empresas «se han repartido el mercado, han acordado precios y se han intercambiado información comercial sensible durante siete años para el transporte y manipulación de fondos que, según la normativa vigente, deben realizar empresas de seguridad privada autorizadas».

Desglosando esta sanción pecuniaria, vemos como Prosegur ha sido sancionada con 39,4 millones de euros y Loomis con otros 7 millones. Igualmente, se ha decidido imponer sendas sanciones a dos directivos de las empresas, por un valor conjunto de 52.600 euros. José Luis Illana Garcia, de Prosegur, deberá pagar 36.000 euros, frente a 16.600 euros de Juan Miguel Mata Montejo, de Loomis.

Esta actividad que ambas empresas realizan, por su complejidad y sensibilidad, solo la desarrollan cuatro empresas en España, si bien Prosegur y Loomis son las únicas con implantación en toda la península.

El negocio de la logística de valores incluye el transporte del dinero en furgones, su almacenamiento en instalaciones de las empresas y la gestión del efectivo.

Esta multa se ha producido a partir de una denuncia anónima que ponía en conocimiento de la CNMC los sucesos en dos concursos para la recogida, transporte y custodia de fondos, efectos de franqueo y filatélicos del Grupo Correos en noviembre de 2014, explica el organismo en una nota.

Tras la investigación, se considera acreditado que Prosegur y Loomis llevaron a cabo acuerdos y prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España.

Queda constatado, por un lado, un reparto de servicios de clientes estratégicos,  y, por otro lado, un reparto de clientes a través de la preservación de los servicios a favor de una de las empresas, para lo que se usó de manera «abusiva e injustificada» la figura de la subcontratación.

La existencia de estas prácticas anticompetitivas se ha acreditado, a través de las manifestaciones de los propios empleados contenidas en los correos electrónicos, y, además, en la actitud adoptada por Loomis y Prosegur en el mercado, que denota «la existencia de un acuerdo previo, o cuanto menos de una concertación de actuaciones de cara a respetar la posición del rival en el mercado».

«El reparto de mercado ha permitido a Prosegur y Loomis eliminar la presión competitiva entre ellas, preservar y mantener prácticamente inalterada su posición relativa en el mercado durante un prolongado periodo de tiempo, y ha impedido la entrada o expansión de nuevos competidores, a pesar de los esfuerzos realizados por las empresas demandantes de sus servicios para favorecer la competencia entre los distintos oferentes», afirma.

Prosegur alega, que la CNMC no ha tenido en cuenta al menos dos de las características singulares que inciden «de manera directa» en la gestión del negocio de la logística de valores y gestión de efectivo, que son la subrogación laboral y la subcontratación.

Con respecto a la subrogación laboral, indica que las empresas que, como Prosegur, aplican el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, garantizan con ello una importante protección al empleado.

Por su parte, la subcontratación entre proveedores permite a las compañías cumplir con las necesidades del mercado que demanda al proveedor la prestación de servicios cubriendo zonas geográficas concretas, argumenta Prosegur.

Además, la empresa señala que la enorme diferencia en la cuantía de las sanciones impuestas a las empresas afectadas supone una aplicación errónea de los principios de proporcionalidad e igualdad de trato.

Finalmente, manifiesta que ha colaborado con el organismo en todo lo que éste le ha requerido desde que, en febrero de 2015, iniciará su investigación.

La compañía reitera su compromiso con el cumplimiento de la legalidad en cualquiera de sus actividades, así como en todas las geografías donde opera.

Multa de 46,4 millones de euros a Prosegur y Loomis