Según informa “El Periódico de Cataluña”, el Gobierno y el PSOE ultiman el despliegue del ya famoso artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña. Como es sabido, el contenido de dicho artículo genera polémica dado que su falta de desarrollo implica que quepan multitud de acciones, desde las más limitadas a las más amplias, de cara a restablecer la legalidad en una Comunidad Autónoma.
Está previsto que las medidas concretas que ambos, Gobierno y Psoe, con canal de comunicación abierto, según parece, con el líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, acuerden, se apruebe en el Consejo de Ministros Extraordinario que se ha convocado para el Sábado, 21 de Octubre, dado que el presidente Rajoy no estará presente en la reunión ministerial ordinaria de este viernes por encontrarse en Bruselas, donde se celebra una cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. También el líder de la oposición, Pedro Sánchez, está en la capital belga para verse con autoridades y políticos europeos.
El Gobierno sigue adelante
El ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, tras leer un comunicado del Gobierno, ya ha avanzado que el Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad y el autogobierno de Cataluña.
En todo caso, la aplicación del artículo 155 debe ser proporcional, idónea, y dentro del marco constitucional, ya que su objetivo es precisamente la restauración de éste, mientras no sea reformado, tal y como afirma el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Don Germán Gómez Orfanel, que coincide con lo expresado por Don Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, tras conocer la respuesta de Puigdemont al segundo requerimiento.
Al Consejo de Ministros le corresponderá hacer el seguimiento del comportamiento de la Comunidad Autónoma y evaluar si concurren los supuestos que justifican el ejercicio de la coerción estatal. La decisión de emplear otros métodos menos extremos, hay que situarla en el ámbito de la discrecionalidad, e incluso en el de la oportunidad.
No alterar la Constitución
El fundamento de la intervención del Estado, por tanto, debe ser el de garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, siempre con la protección del interés general de fondo.
Por ello debe impedirse que las medidas que se adopten sean empleadas para alterar las estructuras constitucionales. Sería un contrasentido que para defender la Constitución por un lado, se le atacase por otro.
Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha dicho que el Estado de derecho debe utilizar los mecanismos de defensa del propio Estado de derecho y que no se trata de suspender la autonomía, se trata de volver a la legalidad.
Por último, indicar que según se puede leer en el Comunicado del Gobierno de fecha 19 de Octubre de 2017, “la aplicación del artículo sigue por tanto adelante, para que el Gobierno intervenga en la Comunidad y restaure la legalidad y recupere las instituciones catalanas frente al uso ilegal que están haciendo de ellas las autoridades autonómicas.”
