Según informa el diario digital “El Confidencial”, el Tribunal Supremo confirmó en la noche del martes 6 de noviembre de 2018 la decisión sobre el impuesto de las hipotecas, que adoptada en un volantazo de última hora que nadie esperaba salvó a la banca por solo dos votos de diferencia y gracias a la intervención clave del presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis Díez-Picazo, cuya actuación está bajo cuestión desde hace semanas junto a la del propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes.
El descrédito ante la opinión pública es ya irreparable y proporcional a una destrucción de la imagen y de la confianza en la Justicia ante la que no se encuentran explicaciones, consideran numerosas fuentes jurídicas consultadas.
La crisis alcanza proporciones similares a la desatada con la sentencia de La Manada. Durante días, la actuación del Alto Tribunal en un caso que afecta directamente al bolsillo de millones de familias se interpretó como el pago de un peaje al sector bancario.
La estrecha mayoría de 15 a 13 que saldó la discusión con un regreso sin consenso al criterio anterior, y que obliga al cliente a afrontar este coste. Los calificativos lanzados sobre la deriva van desde el «escándalo», al «bochorno» y la «vergüenza». Se alzan ya voces que piden la dimisión inmediata de ambos presidentes.
Nada se ha hecho bien en este caso, que arrancó el pasado 18 de octubre cuando se hizo pública la decisión de un grupo de seis magistrados de tumbar la jurisprudencia tradicional y determinar que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados correspondía a las entidades.
La decisión, adoptada por una sola sección, se encontró con el cuestionamiento casi automático de Picazo, que convocó esta reunión.
Algunos Consideran que el pleno del Supremo ha dado oxígeno al populismo. Su decisión en favor de los bancos es el mejor caldo de cultivo para que crezcan quienes sospechan de las instituciones.
Pero, la decisión no desactiva que los recursos continúen llegando a modo de avalancha. Abogados consultados por El Confidencial anuncian que pleitearán a través de la vía civil apoyándose en las tres sentencias que dejaban el pago al banco, y que son firmes, y en la forma en que fueron enmendadas.
