Incautación de teléfonos pese a protestas de periodistas

Incautación de teléfonos pese a protestas de periodistas

18 diciembre, 2018
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Según información de la Agencia EFE, que publica el diario “La Vanguardia”, la Fiscal General del Estado, María José Segarra, defiende la incautación de los teléfonos de dos redactores por orden del juez de Palma que instruye el caso Cursach, medida que las empresas afectadas y las asociaciones de periodistas consideran una vulneración del secreto profesional.

Segarra asegura que los jueces y los fiscales velan por la libertad de expresión y también por el secreto de las fuentes periodísticas y ha dicho no estar preocupada por si se ha vulnerado el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión e información.

Distintos medios se declaran alarmados, porque consideran que ha ocurrido un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permite acceder a fuentes periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna.

El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, ha explicado a Efe que advirtió de que requisar móviles y ordenadores de los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca podía ser “delicado” si afectaba al secreto profesional, pero le indicaron que Anticorrupción lo había estudiado “profundamente” y había llegado a la conclusión de que no lo vulneraba.

A mediados de octubre los investigadores también requirieron con una orden judicial a la delegación de la Agencia Efe en Baleares la entrega de un informe policial sobre la actividad tributaria del grupo de empresas de Bartolomé Cursach, encausado por presunta corrupción, que se había publicado en julio. Efe les facilitó el documento sin desvelar su fuente.

En contra del criterio de la Fiscalía y de la actuación judicial se han manifestado distintas organizaciones profesionales tanto de ámbito estatal como de Baleares.

Los trabajadores del Diario de Mallorca se concentraron, exhibiendo sus móviles ante la sede del periódico y los servicios jurídicos del grupo editor, Prensa Ibérica, y están preparando una querella criminal para defenderse de lo que considera una “coacción intolerable”.

El abogado y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Carlos Sánchez Almeida, ha asegurado que la incautación de los teléfonos a los dos periodistas podría provocar la nulidad de todo el sumario al quebrantarse derechos fundamentales.

Sánchez Almeida califica de “manifiestamente inconstitucional” la actuación judicial, y que el investigado “por definición” tiene derecho a no colaborar con la Policía. “Eso no deja de ser un interrogatorio policial sin formalidades y precisamente por eso es nulo y no va a tener ningún valor”.