Demandan al Metro de Madrid por falta de accesibilidad

La lucha constante por la accesibilidad de las personas minusválidas es una constante dentro de la legislación local y nacional para dar un trato igual a todas las personas. En este caso concreto hay que destacar la actuación sobre los medios de transporte, vitales para poder tener un estilo de vida acorde con la sociedad actual y que deberían estar adaptados a las personas con movilidad reducida.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad contra Metro de Madrid y la Comunidad. Los demandantes acusan a la otra parte de «inacción administrativa» para llevar a cabo un cumplimiento habitual a las obligaciones normativas estatales en materia de accesibilidad universal, haciendo del metro un medio accesible para el mayor número de personas posibles.

Es por ello que desde la Sección Octava de Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha resuelto con fecha de 11 de enero de 2016, admitir el recurso y ordenar tanto a Metro de Madrid como a la Comunidad a presentar en el plazo de 20 días el expediente administrativo y todos los antecedentes relativos a actuaciones sobre accesibilidad.

En la propia demanda se habla de la «inactividad» de la Consejería de Transportes y de Metro, en el «cumplimiento legal de los plazos establecidos en el Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad».

Igualmente dentro de la opinión de la demanda se asegura que Metro de Madrid, ha incumplido el plazo legal para la dotación de accesibilidad a su red de estaciones, fijando incumplimientos desde 2011 y 2014, ya que había determinadas estaciones las cuales no reunían condiciones de accesibilidad y que deberían de haberse acomodado a la legislación vigente, de acuerdo con la progresividad temporal de la regulación básica del Estado.