Según noticia publicada en todos los medios la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida en sesión extraordinaria, acordó abrir un periodo de diligencias informativas para determinar si se ha producido una vulneración de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal en relación con la sentencia de La Manada. El CGPJ investiga la filtración de la sentencia de ‘la manada’
La Audiencia Provincial de Navarra facilitó erróneamente a los medios de comunicación la resolución sin omitir el código de verificación, por desconocimiento según fuentes del TSJN, que posibilitaba acceder a través de Internet al documento íntegro, incluido el nombre completo de la víctima, lo que favoreció la filtración de datos de la joven en distintas páginas web.
El órgano de gobierno de los jueces adoptó esta decisión tras tener conocimiento a través de las noticias publicadas en varios medios de comunicación de la difusión de los datos personales de la víctima de los hechos enjuiciados y, más en concreto, del acceso producido vía código seguro de verificación contenido en la resolución, informó el CGPJ.
El código es una combinación de 50 caracteres única y asociada a cada documento judicial que permitía acceder a la sentencia íntegra a través de una página web gestionada por el Gobierno de Navarra, que tiene transferidas las competencias en materia de justicia en lo relativo a los recursos humanos y materiales.
Aunque la Dirección General de Justicia del Ejecutivo foral bloqueó el acceso a la sentencia el sábado 5 de mayo, al tener constancia de la incidencia, una restricción que extendió el lunes a todos los documentos judiciales generados por el sistema de gestión procesal Avantius, la Comisión Permanente del CGPJ consideró ayer necesario investigar si se ha vulnerado la normativa de protección de datos, por cuyo cumplimiento debe velar en orden a sus atribuciones.
Fuentes del CGPJ indicaron que, si se ha cometido alguna irregularidad, la responsabilidad última correspondería al propio Poder Judicial, ya que es la institución que debe supervisar los sistemas informáticos utilizados por la Administración de Justicia, así como la difusión de las sentencias, por lo que podría exponerse a una sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, que ha abierto otra investigación.
El Consejo General del Poder Judicial ha solicitado la colaboración del Departamento de Justicia de la Comunidad Foral en las actuaciones dirigidas a clarificar los hechos y determinar si se ha vulnerado la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
En este sentido, la directora general de Justicia, Lourdes Aldave, explicó ayer a la agencia Efe que existe un protocolo establecido por el CGPJ y el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica), en el que están representadas las comunidades autónomas con competencias en justicia, para garantizar la protección de datos, por lo que “no ha sido un fallo de seguridad del Gobierno de Navarra”.
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